Contexto social, político, económico y sindical
de 1976 - 1983
de 1976 - 1983
En el año 1975 el gobierno de Isabel Perón se mostraba incapaz de solucionar los intensos conflictos sociales, la pérdida de credibilidad del Estado y la crisis económica. Estos acontecimientos motivaron la toma del poder por las Fuerzas Armadas, el 24 de marzo de 1976, desplazando al partido mayoritario de ese momento, el Justicialismo. De este modo, la Junta de Comandantes en Jefe proclamó el comienzo del Proceso de Reorganización Nacional, designando al teniente general Jorge R. Videla como presidente. Esto fue posible ya que la mayoría de los argentinos no ofrecieron resistencia a la abolición de la democracia, los partidos políticos no buscaron una salida institucional a la crisis y la dirigencia sindical no podía movilizar a la clase obrera en defensa de Isabelita. Para encarar la reorganización del país el nuevo gobierno fijó como meta principal derrotar a la subversión.
Las Fuerzas Armadas tienen un rol protagónico en la reestructuración del Estado y la sociedad, buscando configurar un nuevo sistema de dominación autoritaria. Esto es lo que lo diferencia de las intervenciones de años anteriores que sólo buscaban poner orden a las cuestiones públicas. En lo inmediato, por un lado, se pretendía poner en marcha un plan de reforma económica, por lo que el ministro de Economía José Alfredo Martínez de Hoz anunció la función subsidiaria del Estado y la apertura de la economía. Por otro lado, se organizó un plan altamente represivo para eliminar las organizaciones guerrilleras y modificar el comportamiento de de los actores políticos y gremiales. En este sentido, el régimen militar pretendía fundar una nueva etapa en la vida argentina a través de afianzar otra hegemonía en la sociedad. Para ello era necesario modificar la estructura de los partidos políticos mayoritarios, el populismo no debía continuar gobernando, y reforzar el liderazgo de los sectores más concentrados de la economía, en especial el financiero.
Gobierno de Videla (1976 -1981)
Rafael Videla fue el primer presidente del Proceso de Reorganización Nacional y permaneció en el cargo por cinco años; fue el presidente militar que más tiempo duró en el último régimen. Lo que pretendían los militares era la prolongación en el tiempo por eso no hablaban de “tiempo” sino de “objetivos”. El presidente apoyó incondicionalmente al plan económico de Martínez de Hoz, el cual fue el único plan económico-político que las Fuerzas Armadas impulsaron con coherencia y continuidad.
Videla postuló cuatro condiciones para restablecer la democracia: la conclusión de la lucha antisubversiva; la consolidación de un orden económico adecuado; la renovación de los partidos para que pudieran retomar su papel rector; y contar con fuerzas sindicales disciplinadas, sin identificación partidaria, circunscriptas a su actividad gremial.
Aspecto económico
En los primeros cuatro años del régimen hubo un cambio radical en el funcionamiento de la economía que se basó en dos ejes: la apertura económica y la reforma financiera de junio de 1977. A partir de esta reforma instauraron un mercado libre de capitales, en el que la liberalización de las tasas de interés era un elemento clave. Es así como con un mercado financiero liberado de los controles del Banco Central se puso fin a un sistema con más de tres décadas de vigencia y se convirtió en un fuerte atractivo para operadores internacionales.
Nuevos grupos de poder se beneficiaron de un proceso de acumulación centrado en un mercado financiero que operaba sin restricciones y abierto al exterior. La apertura de la economía, la paridad cambiaria y la política arancelaria produjeron un daño irreparable en la industria nacional y en otros sectores productivos. Estas condiciones generaron una caída en el poder adquisitivo salarial, el aumento de la especulación financiera y la caída global de la demanda, que comprimió al mercado interno. Las consecuencias más visibles fueron el quiebre de fábricas, la irrupción de artículos importados y la invasión de nuevos bancos y organismos financieros. Con esta política de reestructuración de la economía se vieron afectados tanto obreros, industriales como propietarios rurales.
En diciembre de 1978 el Ministerio de Economía anunció un cronograma de devaluación gradual del tipo de cambio que regiría por un año, convirtiéndolo en el instrumento principal de ajuste del sistema. Surgía así la época de la “tablita cambiaria”, la cual era una estrategia para controlar el movimiento de la economía mediante el manejo del tipo de cambio. Por consiguiente, desalentó las exportaciones y promovió las importaciones. Este modelo presuponía el riesgo de la inestabilidad que junto con la crisis financiera de 1980 evidenciaron la vulnerabilidad del nuevo sistema.
A partir de 1978 la deuda externa se expandió y en poco más de un año se triplicó. El creciente endeudamiento no se debió a lo que requería el desarrollo del país, sino a la especulación financiera provocada por la instrumentalización del tipo de cambio y al aumento de los créditos externos.
El plan de Martínez de Hoz concentró las primeras críticas a este gobierno y unificó los reproches de diferentes sectores de la vida nacional, que aumentaban con el paso del tiempo. La recuperación económica de la Argentina comienza a convertirse en un elemento clave para el futuro de la dictadura.
Aspecto político
La idea de formar un partido oficial estuvo presente en los distintos tramos del régimen militar, con Videla, Viola y Galtieri. Consistiría en el surgimiento de un nuevo partido, con apoyo popular, capaz de ganar en las en elecciones cuando se restableciera la democracia. Para esto formularon “bases políticas” que regían la toma de decisiones en las áreas correspondientes a la conducción estratégica nacional, la seguridad nacional y la defensa de la Constitución Nacional. Al ser tan universales e imprecisas, estas áreas comprendían todos los aspectos de la vida colectiva. De este modo, la iniciativa del diálogo oficial no implicaba una apertura política, por lo contrario, el objetivo central era fundar la descendencia del régimen para permitir la continuidad del nuevo orden político en gestación. En el plano del discurso, la convocatoria pretendía ser amplia para dar lugar a todos los sectores aunque en los hechos excluía a los partidos políticos, a los que consideraban “subversivos” y a los “corruptos”. Para esto, reiteradamente se anunció que el intercambio de opinión se mantendría con los hombres y no con las agrupaciones políticas; pero tampoco con todos los hombres sino con los que ellos consideraran idóneos, honestos y que compartieran los objetivos del Proceso, es decir, la filosofía política del gobierno militar.
Aspecto social
La dominación autoritaria puso en marcha un sistema represivo, nuca antes aplicado en la Argentina, basado en la intimidación, la tortura, la muerte y la desaparición de personas, que encerraba la violación organizada de los derechos humanos. Este gobierno organizó una estructura represiva oculta que controlaba centros clandestinos de detención y grupos operacionales secretos como medios de acción antisubversiva. Este sistema de detención-desaparición respondió al objetivo de someter al individuo al mayor aislamiento y soledad, con la intención de desconectarlo de la vida pública y la vida privada. Estos detenidos, privados de toda protección legal, estaban sometidos al dominio de sus captores (siendo torturados, forzados a aportar información, asesinados) sin que nadie tuviera noticias de su persona.
La trasgresión de los derechos humanos excedió la esfera individual de cada ciudadano para implicar también una agresión a la sociedad. Un silencio generalizado fue la respuesta que dieron, ante estas circunstancias, la dirigencia sindical tradicional, los líderes políticos de la oposición, los medios de comunicación, la cúpula de la Iglesia Católica, y la sociedad en casi su totalidad. El rol de oposición fue asumido fundamentalmente por los organismos de derechos humanos. La defensa de la vida y el respeto por la libertad proporcionaron el marco dentro del cual se desenvolvió la acción política y la afirmación de los derechos humanos acarreó la negación absoluta del autoritarismo. Las defensoras de estos derechos fueron las Madres de Plaza de Mayo que bajo la consigna “aparición con vida” crearon un espacio político.
En una segunda etapa de 1978 a 1981, la oposición política rompió su aislamiento a través de pronunciamientos y manifestaciones públicas para comenzar a disputar el campo de la política al Estado autoritario. Por un lado, se dejaron ver documentos multipartidarios que solicitaban al gobierno una respuesta para los familiares de desaparecidos. Por otro lado, evidenciaron un reconocimiento de la labor antisubversiva. Comenzó a dificultarse, desde el Estado, la contención de las crecientes disconformidades.
En un clima desfavorable, la Junta Militar recibió un nuevo golpe cuando se le otorgó el premio Nobel de la Paz a Adolfo Pérez Esquivel, lo que fue interpretado como un reconocimiento al movimiento de derechos humanos del que formaba parte. Desde entonces ese movimiento quedó legitimado frente a la sociedad, se constituyó como referente válido y creció su protagonismo.
Sindicatos
Los militares dirigieron su represión también hacia trabajadores y dirigentes sindicales, sobretodo quienes habían logrado desalojar del gobierno de Isabelita a sus funcionarios más cercanos. Muchos fueron desparecidos, asesinados y encarcelados.
A fines de 1976, se produjeron enfrentamientos entre el gobierno autoritario con este sector, cuando éstos realizaron huelgas por mejoras salariales. Las actividades políticas e institucionales fueron suspendidas por tiempo indeterminado, a través de la prohibición de la acción sindical y de la negociación colectiva. Además intervinieron los sindicatos y sus obras sociales.
En 1977 se configura el primer nucleamiento político sindical que fue la “Comisión de los 25”, cuyo nombre alude a la cantidad de gremios de diferentes corrientes internas que la integraron inicialmente; mantenían una posición opositora frente al gobierno militar.
En 1978 se conforma un segundo nucleamiento “Comisión Nacional de Trabajo” tendiente a negociar con el gobierno, buscar un diálogo.
En 1979, la Comisión de los 25 convocó la primera huelga general de 24 horas registrada durante la dictadura. Luego, los dirigentes de los dos nucleamientos buscaron confluir en la Conducción Única de Trabajadores, pero al poco tiempo terminó disolviéndose. Una consecuencia de esto fue la conformación de una nueva corriente la de “los 20”, disidente con la CNT
En este mismo año, se sanciona la ley de asociaciones gremiales para eliminar a las organizaciones sociales de tercer grado con objeto de disolver la CGT. Sin embargo, esta medida aceleró una tendencia de reunificación de los sindicatos en torno a la oposición, principalmente porque les dio un objetivo de lucha: reconstituir a la CGT, que sería reunificada en 1980.
En marzo de 1981 la idea de un proyecto estratégico había llegado a su fin y se cerraban las posibilidades fundacionales del régimen militar, lo que significaba el final de su misión original. El Estado autoritario quedaba inhabilitado para producir las reformas que tendieran a la construcción de otro sistema político, donde el poder militar afirmara una participación orgánica a nivel de las decisiones políticas.
Gobierno de Viola (1981)
El general Roberto Viola era el candidato presidencial aceptado unánimemente por las Fuerzas Armadas para ocupar la presidencia, que asume el 29 de marzo de 1981. Sin embargo, su gobierno adquirió un carácter polémico, cuestionado desde la propia institución militar que antes lo había apoyado.
Viola asumió sin la plenitud de los poderes y con una fuerte presión de los sectores duros de las Fuerzas Armadas que rechazaban cualquier posibilidad de apertura política. El general era acusado de encarar una política inclinada a un entendimiento con los partidos tradicionales. Su paso por el poder fue breve, sólo duró 8 meses.
Aspecto económico
Los cuatro grandes problemas de la economía argentina eran: la alta inflación, el atraso cambiario, la falta de rentabilidad empresarial y el mínimo crecimiento. Viola llevó a cabo un marcado distanciamiento del plan de Martínez de Hoz, hasta que recibió presiones nacionales e internacionales.
Aspecto social
Los escritores, artistas, intelectuales comenzaban a hacer oír sus reclamos a favor de la libertad de opinión. La sociedad de a poco empezaba a movilizarse en busca de un espacio democrático.
Aspecto político
Surge desde el radicalismo una propuesta de crear una agrupación Multipartidaria. La idea original era que estuvieran incluidos todos los partidos políticos, las entidades empresariales y los organismos sindicales; para formular un programa amplio de coincidencia civil que permitiese abrir un espacio de negociación con un sector de las Fuerzas Armadas. Su objetivo central era asentar las bases para una transición a la democracia. La iniciativa fue bien recibida y generó gran repercusión en el ámbito político. Sin embargo, la respuesta desde el gobierno fue en rechazo a una posible negociación.
La anunciación de una enfermedad en el presidente produjo un clima de incertidumbre, suposiciones y cálculos políticos, acentuando una crisis institucional que llevó a Viola a ceder interinamente el mando al ministro del Interior, el general Liendo.
Gobierno de Galtieri (1981 – 1982)
El 22 de diciembre de 1981 la Junta Militar designó al general Leopoldo Galtieri para estar a cargo del Poder Ejecutivo.
Aspecto económico
El gobierno reinstauró la ortodoxia económica liberal, volviendo las cosas a la situación anterior a la asunción del ex presidente Viola. De este modo, nombró ministro de Economía a Roberto Alemann para que impulsara un plan de ajuste estructural apoyado en severas políticas monetarias y fiscales. También se buscó un acercamiento con Estados Unidos, siguiendo recetas neoliberales.
Aspecto político
El nuevo presidente se propuso recuperar la autoridad de la figura presidencial y del gobierno militar. No se presentó como un gobierno que fuera a organizar la transición a la democracia sino que parecía aspirar a recomponer el proyecto autoritario resquebrajado y en crisis. Sin embargo, mantuvo un puente de conexión con los partidos políticos para evitar que el régimen cayera en un profundo aislamiento. Para lorar esto, presentó un estatuto que regiría el funcionamiento de los partidos políticos y un cronograma político.
Aspecto social
La guerra de Malvinas despertó el apoyo social en forma masiva y resultó el medio idóneo para legitimar la imagen del régimen. Ésta cambió favorablemente el escenario político aunque no por mucho tiempo. El desembarco argentino en las islas conmovió al país y unificó a todos los sectores detrás de la reivindicación histórica. Luego se sabría que la expedición fue lanzada sin ninguna preparación militar y con una idea errónea de las posibilidades de apoyo de Estados Unidos, ya que éste tomo partido por Inglaterra.
La rendición de las fuerzas argentinas el 4 de junio daba por terminado cualquier intento de otorgar legitimidad al régimen militar a través de la guerra y apresuró la descomposición del orden autoritario.
Con la crisis institucional más grande del régimen autoritario, el 15 de junio Galtieri fue despojado del poder. Cinco días transcurrieron entre la renuncia del general y la designación de Bignone.
Gobierno de Bignone (1982 – 1983)
La profunda crisis institucional acentuada con la derrota de Malvinas produjo que los militares debieran iniciar una retirada desordenada, sin poder negociar la transferencia del poder.
Aspecto político
Con unas Fuerzas Armadas desprestigiadas políticamente y con un alto nivel de enfrentamientos entre sí, los partidos políticos ganaron el centro del escenario nacional y se preparaban para unas elecciones libres y competitivas. Los militares exigían para el traspaso del poder, entre otras cosas, la no revisión de la lucha contra la subversión. De la negativa de la clase política a acordar sobre este tema nacería, unos meses más tarde la “ley de Autoamnistía”, proclamada por el propio gobierno militar.
En marzo de 1983 se definió el cronograma electoral, dejando un tiempo prudencial entre la fecha de las elecciones y la de la toma del poder, lo que fue interpretado como una fase de negociación con el candidato que resultara ganador. Este período fue conocido como “la negociación de los noventa días”, pero no se logró ya que el presidente electo, Raúl Alfonsín, no estuvo dispuesto a concertar.
El 6 de diciembre se presentó el acta de disolución de la Junta Militar y cesaría la vigencia del Estatuto y su reglamentación.
Las Fuerzas Armadas tienen un rol protagónico en la reestructuración del Estado y la sociedad, buscando configurar un nuevo sistema de dominación autoritaria. Esto es lo que lo diferencia de las intervenciones de años anteriores que sólo buscaban poner orden a las cuestiones públicas. En lo inmediato, por un lado, se pretendía poner en marcha un plan de reforma económica, por lo que el ministro de Economía José Alfredo Martínez de Hoz anunció la función subsidiaria del Estado y la apertura de la economía. Por otro lado, se organizó un plan altamente represivo para eliminar las organizaciones guerrilleras y modificar el comportamiento de de los actores políticos y gremiales. En este sentido, el régimen militar pretendía fundar una nueva etapa en la vida argentina a través de afianzar otra hegemonía en la sociedad. Para ello era necesario modificar la estructura de los partidos políticos mayoritarios, el populismo no debía continuar gobernando, y reforzar el liderazgo de los sectores más concentrados de la economía, en especial el financiero.
Gobierno de Videla (1976 -1981)
Rafael Videla fue el primer presidente del Proceso de Reorganización Nacional y permaneció en el cargo por cinco años; fue el presidente militar que más tiempo duró en el último régimen. Lo que pretendían los militares era la prolongación en el tiempo por eso no hablaban de “tiempo” sino de “objetivos”. El presidente apoyó incondicionalmente al plan económico de Martínez de Hoz, el cual fue el único plan económico-político que las Fuerzas Armadas impulsaron con coherencia y continuidad.
Videla postuló cuatro condiciones para restablecer la democracia: la conclusión de la lucha antisubversiva; la consolidación de un orden económico adecuado; la renovación de los partidos para que pudieran retomar su papel rector; y contar con fuerzas sindicales disciplinadas, sin identificación partidaria, circunscriptas a su actividad gremial.
Aspecto económico
En los primeros cuatro años del régimen hubo un cambio radical en el funcionamiento de la economía que se basó en dos ejes: la apertura económica y la reforma financiera de junio de 1977. A partir de esta reforma instauraron un mercado libre de capitales, en el que la liberalización de las tasas de interés era un elemento clave. Es así como con un mercado financiero liberado de los controles del Banco Central se puso fin a un sistema con más de tres décadas de vigencia y se convirtió en un fuerte atractivo para operadores internacionales.
Nuevos grupos de poder se beneficiaron de un proceso de acumulación centrado en un mercado financiero que operaba sin restricciones y abierto al exterior. La apertura de la economía, la paridad cambiaria y la política arancelaria produjeron un daño irreparable en la industria nacional y en otros sectores productivos. Estas condiciones generaron una caída en el poder adquisitivo salarial, el aumento de la especulación financiera y la caída global de la demanda, que comprimió al mercado interno. Las consecuencias más visibles fueron el quiebre de fábricas, la irrupción de artículos importados y la invasión de nuevos bancos y organismos financieros. Con esta política de reestructuración de la economía se vieron afectados tanto obreros, industriales como propietarios rurales.
En diciembre de 1978 el Ministerio de Economía anunció un cronograma de devaluación gradual del tipo de cambio que regiría por un año, convirtiéndolo en el instrumento principal de ajuste del sistema. Surgía así la época de la “tablita cambiaria”, la cual era una estrategia para controlar el movimiento de la economía mediante el manejo del tipo de cambio. Por consiguiente, desalentó las exportaciones y promovió las importaciones. Este modelo presuponía el riesgo de la inestabilidad que junto con la crisis financiera de 1980 evidenciaron la vulnerabilidad del nuevo sistema.
A partir de 1978 la deuda externa se expandió y en poco más de un año se triplicó. El creciente endeudamiento no se debió a lo que requería el desarrollo del país, sino a la especulación financiera provocada por la instrumentalización del tipo de cambio y al aumento de los créditos externos.
El plan de Martínez de Hoz concentró las primeras críticas a este gobierno y unificó los reproches de diferentes sectores de la vida nacional, que aumentaban con el paso del tiempo. La recuperación económica de la Argentina comienza a convertirse en un elemento clave para el futuro de la dictadura.
Aspecto político
La idea de formar un partido oficial estuvo presente en los distintos tramos del régimen militar, con Videla, Viola y Galtieri. Consistiría en el surgimiento de un nuevo partido, con apoyo popular, capaz de ganar en las en elecciones cuando se restableciera la democracia. Para esto formularon “bases políticas” que regían la toma de decisiones en las áreas correspondientes a la conducción estratégica nacional, la seguridad nacional y la defensa de la Constitución Nacional. Al ser tan universales e imprecisas, estas áreas comprendían todos los aspectos de la vida colectiva. De este modo, la iniciativa del diálogo oficial no implicaba una apertura política, por lo contrario, el objetivo central era fundar la descendencia del régimen para permitir la continuidad del nuevo orden político en gestación. En el plano del discurso, la convocatoria pretendía ser amplia para dar lugar a todos los sectores aunque en los hechos excluía a los partidos políticos, a los que consideraban “subversivos” y a los “corruptos”. Para esto, reiteradamente se anunció que el intercambio de opinión se mantendría con los hombres y no con las agrupaciones políticas; pero tampoco con todos los hombres sino con los que ellos consideraran idóneos, honestos y que compartieran los objetivos del Proceso, es decir, la filosofía política del gobierno militar.
Aspecto social
La dominación autoritaria puso en marcha un sistema represivo, nuca antes aplicado en la Argentina, basado en la intimidación, la tortura, la muerte y la desaparición de personas, que encerraba la violación organizada de los derechos humanos. Este gobierno organizó una estructura represiva oculta que controlaba centros clandestinos de detención y grupos operacionales secretos como medios de acción antisubversiva. Este sistema de detención-desaparición respondió al objetivo de someter al individuo al mayor aislamiento y soledad, con la intención de desconectarlo de la vida pública y la vida privada. Estos detenidos, privados de toda protección legal, estaban sometidos al dominio de sus captores (siendo torturados, forzados a aportar información, asesinados) sin que nadie tuviera noticias de su persona.
La trasgresión de los derechos humanos excedió la esfera individual de cada ciudadano para implicar también una agresión a la sociedad. Un silencio generalizado fue la respuesta que dieron, ante estas circunstancias, la dirigencia sindical tradicional, los líderes políticos de la oposición, los medios de comunicación, la cúpula de la Iglesia Católica, y la sociedad en casi su totalidad. El rol de oposición fue asumido fundamentalmente por los organismos de derechos humanos. La defensa de la vida y el respeto por la libertad proporcionaron el marco dentro del cual se desenvolvió la acción política y la afirmación de los derechos humanos acarreó la negación absoluta del autoritarismo. Las defensoras de estos derechos fueron las Madres de Plaza de Mayo que bajo la consigna “aparición con vida” crearon un espacio político.
En una segunda etapa de 1978 a 1981, la oposición política rompió su aislamiento a través de pronunciamientos y manifestaciones públicas para comenzar a disputar el campo de la política al Estado autoritario. Por un lado, se dejaron ver documentos multipartidarios que solicitaban al gobierno una respuesta para los familiares de desaparecidos. Por otro lado, evidenciaron un reconocimiento de la labor antisubversiva. Comenzó a dificultarse, desde el Estado, la contención de las crecientes disconformidades.
En un clima desfavorable, la Junta Militar recibió un nuevo golpe cuando se le otorgó el premio Nobel de la Paz a Adolfo Pérez Esquivel, lo que fue interpretado como un reconocimiento al movimiento de derechos humanos del que formaba parte. Desde entonces ese movimiento quedó legitimado frente a la sociedad, se constituyó como referente válido y creció su protagonismo.
Sindicatos
Los militares dirigieron su represión también hacia trabajadores y dirigentes sindicales, sobretodo quienes habían logrado desalojar del gobierno de Isabelita a sus funcionarios más cercanos. Muchos fueron desparecidos, asesinados y encarcelados.
A fines de 1976, se produjeron enfrentamientos entre el gobierno autoritario con este sector, cuando éstos realizaron huelgas por mejoras salariales. Las actividades políticas e institucionales fueron suspendidas por tiempo indeterminado, a través de la prohibición de la acción sindical y de la negociación colectiva. Además intervinieron los sindicatos y sus obras sociales.
En 1977 se configura el primer nucleamiento político sindical que fue la “Comisión de los 25”, cuyo nombre alude a la cantidad de gremios de diferentes corrientes internas que la integraron inicialmente; mantenían una posición opositora frente al gobierno militar.
En 1978 se conforma un segundo nucleamiento “Comisión Nacional de Trabajo” tendiente a negociar con el gobierno, buscar un diálogo.
En 1979, la Comisión de los 25 convocó la primera huelga general de 24 horas registrada durante la dictadura. Luego, los dirigentes de los dos nucleamientos buscaron confluir en la Conducción Única de Trabajadores, pero al poco tiempo terminó disolviéndose. Una consecuencia de esto fue la conformación de una nueva corriente la de “los 20”, disidente con la CNT
En este mismo año, se sanciona la ley de asociaciones gremiales para eliminar a las organizaciones sociales de tercer grado con objeto de disolver la CGT. Sin embargo, esta medida aceleró una tendencia de reunificación de los sindicatos en torno a la oposición, principalmente porque les dio un objetivo de lucha: reconstituir a la CGT, que sería reunificada en 1980.
En marzo de 1981 la idea de un proyecto estratégico había llegado a su fin y se cerraban las posibilidades fundacionales del régimen militar, lo que significaba el final de su misión original. El Estado autoritario quedaba inhabilitado para producir las reformas que tendieran a la construcción de otro sistema político, donde el poder militar afirmara una participación orgánica a nivel de las decisiones políticas.
Gobierno de Viola (1981)
El general Roberto Viola era el candidato presidencial aceptado unánimemente por las Fuerzas Armadas para ocupar la presidencia, que asume el 29 de marzo de 1981. Sin embargo, su gobierno adquirió un carácter polémico, cuestionado desde la propia institución militar que antes lo había apoyado.
Viola asumió sin la plenitud de los poderes y con una fuerte presión de los sectores duros de las Fuerzas Armadas que rechazaban cualquier posibilidad de apertura política. El general era acusado de encarar una política inclinada a un entendimiento con los partidos tradicionales. Su paso por el poder fue breve, sólo duró 8 meses.
Aspecto económico
Los cuatro grandes problemas de la economía argentina eran: la alta inflación, el atraso cambiario, la falta de rentabilidad empresarial y el mínimo crecimiento. Viola llevó a cabo un marcado distanciamiento del plan de Martínez de Hoz, hasta que recibió presiones nacionales e internacionales.
Aspecto social
Los escritores, artistas, intelectuales comenzaban a hacer oír sus reclamos a favor de la libertad de opinión. La sociedad de a poco empezaba a movilizarse en busca de un espacio democrático.
Aspecto político
Surge desde el radicalismo una propuesta de crear una agrupación Multipartidaria. La idea original era que estuvieran incluidos todos los partidos políticos, las entidades empresariales y los organismos sindicales; para formular un programa amplio de coincidencia civil que permitiese abrir un espacio de negociación con un sector de las Fuerzas Armadas. Su objetivo central era asentar las bases para una transición a la democracia. La iniciativa fue bien recibida y generó gran repercusión en el ámbito político. Sin embargo, la respuesta desde el gobierno fue en rechazo a una posible negociación.
La anunciación de una enfermedad en el presidente produjo un clima de incertidumbre, suposiciones y cálculos políticos, acentuando una crisis institucional que llevó a Viola a ceder interinamente el mando al ministro del Interior, el general Liendo.
Gobierno de Galtieri (1981 – 1982)
El 22 de diciembre de 1981 la Junta Militar designó al general Leopoldo Galtieri para estar a cargo del Poder Ejecutivo.
Aspecto económico
El gobierno reinstauró la ortodoxia económica liberal, volviendo las cosas a la situación anterior a la asunción del ex presidente Viola. De este modo, nombró ministro de Economía a Roberto Alemann para que impulsara un plan de ajuste estructural apoyado en severas políticas monetarias y fiscales. También se buscó un acercamiento con Estados Unidos, siguiendo recetas neoliberales.
Aspecto político
El nuevo presidente se propuso recuperar la autoridad de la figura presidencial y del gobierno militar. No se presentó como un gobierno que fuera a organizar la transición a la democracia sino que parecía aspirar a recomponer el proyecto autoritario resquebrajado y en crisis. Sin embargo, mantuvo un puente de conexión con los partidos políticos para evitar que el régimen cayera en un profundo aislamiento. Para lorar esto, presentó un estatuto que regiría el funcionamiento de los partidos políticos y un cronograma político.
Aspecto social
La guerra de Malvinas despertó el apoyo social en forma masiva y resultó el medio idóneo para legitimar la imagen del régimen. Ésta cambió favorablemente el escenario político aunque no por mucho tiempo. El desembarco argentino en las islas conmovió al país y unificó a todos los sectores detrás de la reivindicación histórica. Luego se sabría que la expedición fue lanzada sin ninguna preparación militar y con una idea errónea de las posibilidades de apoyo de Estados Unidos, ya que éste tomo partido por Inglaterra.
La rendición de las fuerzas argentinas el 4 de junio daba por terminado cualquier intento de otorgar legitimidad al régimen militar a través de la guerra y apresuró la descomposición del orden autoritario.
Con la crisis institucional más grande del régimen autoritario, el 15 de junio Galtieri fue despojado del poder. Cinco días transcurrieron entre la renuncia del general y la designación de Bignone.
Gobierno de Bignone (1982 – 1983)
La profunda crisis institucional acentuada con la derrota de Malvinas produjo que los militares debieran iniciar una retirada desordenada, sin poder negociar la transferencia del poder.
Aspecto político
Con unas Fuerzas Armadas desprestigiadas políticamente y con un alto nivel de enfrentamientos entre sí, los partidos políticos ganaron el centro del escenario nacional y se preparaban para unas elecciones libres y competitivas. Los militares exigían para el traspaso del poder, entre otras cosas, la no revisión de la lucha contra la subversión. De la negativa de la clase política a acordar sobre este tema nacería, unos meses más tarde la “ley de Autoamnistía”, proclamada por el propio gobierno militar.
En marzo de 1983 se definió el cronograma electoral, dejando un tiempo prudencial entre la fecha de las elecciones y la de la toma del poder, lo que fue interpretado como una fase de negociación con el candidato que resultara ganador. Este período fue conocido como “la negociación de los noventa días”, pero no se logró ya que el presidente electo, Raúl Alfonsín, no estuvo dispuesto a concertar.
El 6 de diciembre se presentó el acta de disolución de la Junta Militar y cesaría la vigencia del Estatuto y su reglamentación.
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